El 3 de noviembre de 2019 cumplimos 26. 26 años de lucha, sacrificios, dolores, victorias y derrotas. Pero seguimos aquí, de pie, dispuestos a seguir luchando por nuestros derechos y los de la naturaleza. Los daños dejados por Chevron aún no han sido reparados, en las provincias de Sucumbíos y Orellana hay la mayor incidencia de cáncer en el país y, por si fuera poco, las operaciones petroleras – ahora realizadas principalmente por Petroecuador y Petroamazonas – siguen causando daños al medio ambiente y a las personas, principalmente por los continuos derrames y por la práctica de la quema de gas a través de los tristemente célebres “mecheros”.
Frente a estas nuevas amenazas, nuestra lucha ha evolucionado, y actualmente se centra precisamente en la eliminación de los “mecheros”, así como en varios intentos de homologar la sentencia ecuatoriana en países donde Chevron tiene activos que pueden ser atacados para pagar los daños que nuestros tribunales le han condenado a pagar.
Desde julio de 2018, cuando la Corte Constitucional de Ecuador ratificó el fallo que condena a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por los daños causados a la salud y al medio ambiente en la Amazonía norte ecuatoriana, muchas cosas han cambiado. Nuestro gobierno nos ha dado la espalda, tratando de revocar el fallo a través de torpes intentos en el límite de la legalidad, y obstaculizando nuestros intentos de buscar justicia en otros países. El arbitraje internacional del 30 de agosto de 2018, que decretó la violación de los derechos de inversión de Chevron por parte del Estado ecuatoriano, fue pasivamente aceptado por nuestro gobierno, que está tratando por todos los medios de cumplir con el favor de la multinacional estadounidense, incluso incluyendo la entrada del pago de la multa decretada por el tribunal de La Haya en el pacto firmado en febrero con el Fondo Monetario Internacional. Además de ser inconstitucional – nuestra Constitución establece que los créditos internacionales sólo pueden ser dirigidos a proyectos de inversión, y el pago de una multa de un laudo arbitral no es, por supuesto, una inversión – este pacto es una afrenta al pueblo ecuatoriano, que será sometido a medidas de austeridad dictadas por organismos internacionales bajo la égida del gobierno de Estados Unidos y sus empresas más poderosas, como Chevron.
Estas medidas ya están en marcha, como lo demuestra el Decreto 883, que, sin embargo, gracias al gran movimiento popular del 3 al 13 de octubre, ha sido revocado. Se ha ganado una batalla, pero aún queda mucho camino por recorrer para que se respeten nuestros derechos.
Ante esta situación, ante el ataque que sufre nuestro país por parte de los grandes capitales extranjeros, y con motivo del aniversario de nuestros 26 años de lucha, hacemos un llamado al pueblo, a las organizaciones sociales indígenas y campesinas, a los trabajadores y al sector privado para que se unan, para crear un frente común en defensa de los Derechos Humanos y constitucionales que se encuentran en constante peligro por parte de este gobierno.
El 9 de noviembre, en Nueva Loja, se realizará una marcha para mantener viva la llama de la lucha contra la Texaco, pero no sólo: las invasiones de las industrias extractivas en los territorios ancestrales de las Nacionalidades indígenas, la destrucción del medio ambiente, las políticas de austeridad y la violencia represiva que muestra nuestro gobierno son amenazas comunes que nos afectan a todos y de las que todos debemos defendernos juntos.
Por eso, invitamos a todas las organizaciones sociales de Lago Agrio, Sucumbíos y Orellana a participar en esta marcha en nombre de los derechos humanos y de la naturaleza, a expresar nuestra insatisfacción con la actitud de un gobierno que está traicionando su mandato, oprimiendo a sus ciudadanos en lugar de protegerlos.
